El retroceso de derechos humanos en Perú ha ocupado el debate público y – lamentablemente – la agenda legislativa en el último año. Específicamente, el ingreso de grupos políticos fundamentalistas, con una agenda abiertamente en contra de la igualdad de género, ha implicado graves retrocesos, tanto legislativos, como de política pública, en torno a los derechos de las mujeres. Esto, sumado al deterioro democrático e institucional en el Perú, donde la lógica transaccional, el autoritarismo y los pactos de permanencia en el poder han debilitado el debate y cooptado las instituciones públicas garantes de los derechos y de acceso a la justicia (Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, etc. ). Esta pérdida de institucionalidad ha arrastrado también las políticas públicas para la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, dando cuenta así, que la erosión democrática nunca es neutral; afecta siempre primero a quienes históricamente han tenido menos poder.
En un país donde se asesinan y violentan a las mujeres a diario, resulta difícil creer que la Comisión de la Mujer del Congreso impulse un proyecto de ley que busca eliminar la figura legal del feminicidio; donde la justicia para las mujeres es sinónimo de impunidad, sería inviable que la misma Comisión presente un proyecto de ley que busca criminalizar las denuncias, y seguir empoderando a los agresores que ya de por sí viven en el privilegio que les da la persistencia de estereotipos de género. En un país donde cada 40 minutos se registra una denuncia por violación sexual, incluyendo a niñas y adolescentes, resulta difícil creer que la misma Comisión de la Mujer haya podido debilitar la educación sexual integral en la currícula escolar. Y finalmente, en un Perú donde más del 75% de la población tolera la violencia contra la mujer, debió ser inviable la eliminación del enfoque de género de la legislación peruana y el diseño de política pública. Y así sucedió.
Las elecciones del 2026 en Perú debían representar una oportunidad para reconstruir la legitimidad democrática y reabrir el debate público sobre derechos y ciudadanía, pero sobre todo de la posibilidad que los partidos en contienda incorporen en sus planes de gobierno propuestas a problemáticas cruciales para la vida de las mujeres y niñas. Sin embargo, por ejemplo mas de la mitad de los 37 partidos no hacían ninguna mención a medidas frente al embarazo infantil y uno de cada tres partidos, planteaban alguna medida para retroceder en derechos.
La crisis institucional ha alcanzado tal nivel que un mes después de las elecciones, todavía no se proclama a los dos candidatos que pasarían a la segunda vuelta debido en gran parte a la presión de las fuerzas de ultra derecha que, con expresiones de odio, racismo y violencia sexual, han amedrentado a los órganos electorales, y la ciudadanía, acusando a quien pudiere de un supuesto fraude “financiado por el Foro de Sao Paulo”. Cabe mencionar que los candidatos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez que pasarían a segunda vuelta lo hacen con una representatividad de menos del 30%; es decir, tan solo 3 de cada 10 peruanos votó por uno o por la otra. Ambos, puestos a iniciar una de las campañas electorales más cortas en la historia del Perú, esperando a la proclamación oficial de resultados, en las cuales los derechos humanos no forman parte de ninguna agenda.
La esperanza se diluye aún más con el nuevo Senado y la Cámara de Diputados/as, legislando en una nueva bicameralidad a la cual el Perú le dijo que no en un referéndum pasado, y que el Congreso aprobó sin reparo. Dos cámaras legislativas conformadas, en su mayoría, por partidos autores de los retrocesos y deterioros más significativos de los últimos años.
En Perú, las organizaciones feministas y de derechos humanos sabemos que los retrocesos democráticos nunca llegan solos. Llegan acompañados de discursos de odio, del debilitamiento institucional, de ataques a quienes defienden derechos y de políticas que buscan devolver a las mujeres al silencio. Frente a ello, defender los derechos humanos hoy también implica defender la democracia, el espacio cívico y la posibilidad de construir un país donde la vida y la dignidad importen más que los pactos de poder.